La protección de las personas dependientes es un reconocimiento llevado a cabo a través de distintas organizaciones europeas e internacionales. El gasto social en políticas de personas dependientes ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas y se observa una evolución en la racionalización de los gastos sociales destinados a dicho fín.

La Ley de dependencia establece el derecho de todas las personas que no pueden valerse por si mismas en la vida cotidiana a  recibir una prestación económica o algún servicio del catálogo de servicios establecido por dicha Ley.

Se establecen 3 niveles de protección, es decir, el nivel mínimo establecido por la Administración general del estado; un segundo nivel que se acuerda entre el estado y cada Comunidad Autónoma a través de convenios específicos y un tercer nivel que puede adoptar cada Comunidad Autónoma de protección adicional. Esta situación si es cierto que provoca diferencias y desigualdades entre unos territorios y otros, por ejemplo, el País Vasco tiene una protección superior y más ágil que el resto del estado, ya que la intervención local tiene un protagonismo relevante y próximo.

Es importante una vez valorada la necesidad y su posible solicitud presentar los papeles y hacer un seguimiento de la misma, es decir, pasado el tiempo razonable y establecido si no se ha pasado la valoración, reclamar, de lo contrario los plazos se dilatan enormemente. También es conveniente en paralelo solicitar el grado de discapacidad en las oficinas de registro que establece Asuntos Sociales. En la prestaciones económicas o servicios influye la edad, patrimonio del solicitante y otros aspectos que se tienen en cuenta en la visita de valoración.

Independientemente del territorio en el que se resida conviene no caer en la idea que no hay opciones y que no merece la pena dicha solicitud, es una ley igualitaria que trata de promocionar la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia y a la que todos tenemos derecho.